Eduardo Carmigniani
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La firma de abogados a que pertenezco no acepta que emitamos comentarios de índole político en redes sociales. Ese es el único sentido que debe darse a mi silencio sobre la inaceptable situación actual en Ecuador. Saludos a todos.
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Calentar no calle sino cárcel, para que sea pretexto de Asamblea para a las bravas intentar (inconstitucionalmente) destituir Pdte. (Según convocatoria que pide latin king Aleaga). Delito es claro. Se invita a presos a resistir contra autoridad constituida (COIP, art. 283)
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Hay que parar la persecución a Alexis Mera. La sentencia en su contra fue injusta y brutal (y nadie puede decir que soy correísta).
Para que no queden dudas de la persecución política: el mismo día que obtiene Alexis Mera su prelibertad, Fiscalía envía un impulso fiscal para que le dicten prisión preventiva por otro caso aún más ridículo.
#LosCorruptosSiempreFueronEllos
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Rechazo enfáticamente la criminalización de la profesión del abogado.
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Aumento de pasaje (transporte urbano) por medidas representa entre USD 4,80 y 10, dependiendo de rutas. Cámaras de producción debieran sugerir que sus miembros aumenten USD 10 a todos sus trabajadores, como esfuerzo compartido para sostener impacto de las decisiones públicas.
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Nuevo juez levantó la ilegal reserva en juicio de Odebrecht. La verdad irá saliendo.
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Conocí a Juan Ribas en el colegio. Buen tipo era. Se dañó en la vida y se hizo ladrón. Que pague su pena de cárcel. Si "piedad" hay que tener con ladrones por "conocidos" estamos fregados. Y que devuelva lo robado.
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¿Estamos los abogados privados obligados a patrocinar a quienes sabemos responsables de atroces violaciones -como a Martha- buscando que se los exculpe? No. No lo estamos si nuestra conciencia nos lo impide (COFJ, art. 331, 3). Para eso está Defensoría Pública. Que allá vayan.
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Comparto hoy en mi columna algunas ideas de Andrés Arauz, escritas en una tesis de 2009. Obviamente van entre comillas.
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Odebrecht: ahí le paso una pista a la fiscalía.
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Espero que hoy la razón impere, no solo en defensa de mi libertad sino fundamentalmente del libre ejercicio profesional de la abogacía. Mi comunicado publicado en diario Expreso:
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Hay que extirpar de la Constitución la alcahuetería que impide extraditar ecuatorianos que delinquen en el exterior. Mi columna sobre eso.
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Reciente proyecto de ley es fanesca inconstitucional. No se refiere a una sola materia, como exige art. 136. No puede tramitarse. A más de temas tributarios incluye desde extensión a 25 años de permisos de operación turística en Galapagos, hasta maestrías sin autorización estatal
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Seguiré defendiendo mi buen nombre y la libertad para ejercer la profesión. No se puede permitir la criminalización de la abogacía.
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La prohibición para que el exministro sea funcionario del BID es tajante, no obstante lo magnífico funcionario que pudiese haber sido, pues el impedimento se aplica a buenos y malos. Si a las bravas acepta, que se cuide del peculado. Mi columna.
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No hay ley alguna que ponga manto de reserva sobre aquellos que han obligado, o pretenden conseguir, vía acciones de “protección”, que la CFN reciba en pago bienes que no estaban en garantía. Es más, siendo banco público no hay reserva sobre ninguno de sus deudores. Mi columna.
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El detestable monopolio de Seguros Sucre sobre los seguros estatales se arregla enmendando el art. 107 del reglamento de la ley de contatación pública, dictado por el expresidente Correa. Basta una decisión del presidente Moreno (no de subalternos). Eso es todo.
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Moreno vetó en dic. 2017 barrabasada de obligar a abogados a reportar a UAFE, metida de agache en proyecto de "reactivación de la economía" (art. 9.1) (ponente, Pabel Muñoz). Pleno de Asamblea se allanó. Si Legislador negó ese bodrio, UAFE no puede hacerlo con mera resolución.
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La inocentada anticipada de que está por publicarse en RO -como si ya fuese ley- proyecto de reforma tributaria, requeriría que Secretario de Asamblea certifique falso allanamiento expreso a objeción presidencial IX, falsedad castigada con prisión de hasta 7 años (COIP, art 328).
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C. Constitucional acaba de desterrar viveza criolla de que entidades públicas tienen “honor”, pretexto usado para perseguir a la prensa (sentencia 282-13-JP/19). Sentencia impensable en tiempos de la comisaría en que los vasallos del correísmo convirtieron a la antigua Corte.
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Superbancos declaró, insólitamente, reservada información financiera del IESS (Resolución SB-2015-742). Dice que es para que sus actividades “atiendan el interés general” y cumplan con la ley. Muy listo se cree. O la Asamblea o el Consejo Transitorio deben destituirlo.
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La trama corrupta de Vitol no puede quedarse en lucubraciones de la prensa. El Departamento de Justicia de EE.UU. reconoce saber los nombres de los “consultores” sobornadores y funcionarios sobornados. La embajadora Baki y sus buenas relaciones en Washington tienen tarea.
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Que se garantice mis derechos constitucionales al debido proceso, al buen nombre y reputación, es el fin de la acción de protección que presenté.
No claudicaré ante la injusticia. Nunca lo he hecho. Y mucho menos permitiré que se quiera criminalizar mi profesión como abogado.
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Tribunal colombiano calcula en USD 252 millones los daños monetarios causados por contrato conseguido con soborno de USD 11.1 millones por Odebrecht. No acepta ridícula tesis de que el daño equivale solo a la coima (tesis que en Ecuador sostuvo el anterior Procurador del Estado)
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Mi columna sobre las Sociedades Anónimas Simplificadas, como instrumento empresarial moderno, que impide que el Estado se entremeta en cuestiones puramente privadas con el viejo pretexto del “orden público”
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El dinero de los bancos no es de los banqueros. Es de los depositantes. ¿Qué parte de que los depósitos se devuelven cobrando los préstamos no entienden entonces los legisladores? Mi columna sobre el nuevo intento en la Asamblea de manosear depósitos.
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Ni estirando como chicle la ley puede entenderse que quien ya está preso, y se inscribe como candidato, debe ser liberado. Mi columna.
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Se está criminalizando la profesión de los abogados.
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En lo penal -vs. lo que sucede en lo civil o laboral- la casación se propone contra sentencias “no ejecutoriadas”. La “certificación” de ejecutoria de la jueza Camacho, respecto de la sentencia del caso Sobornos, es inadmisible intromisión en la política. Mi columna
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@HumbertoPlazaA
@ottosonnenh
@Construpositivo
@rchsruben
@Baqueiba
Propusimos que teletrabajen, diciendo cómo. C.Judicatura, con tomadura de pelo, “permitió” trabajo presencial que no se ejecuta. Entonces solución será eliminar exigencia de escritura pública (que es lo que autoriza notario) para una serie de actos. Realidad superará legalidad.
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En adición al peculado, que no prescribe, el Ministro de Finanzas debe ser destituido de inmediato. El atraco a los fondos del terremoto no puede pasarse por alto.
A propósito de los 300 millones que el Ministro de Finanzas admite haber usado, de los fondos destinados a la reconstrucción por el terremoto, recuerdo lo dicho ya en julio de 2016
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Mi columna sobre la inconstitucional y “urgente” fanesca legislativa propuesta por el Ejecutivo, que debe ser rechazada de plano por la Asamblea
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No es lo mismo preso político que político preso
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Este pedido del Colegio de Abogados de Pichincha tiene que ser aceptado. Mantener audiencias sería irresponsable.
- Vacancia judicial en todo el país, incluidas Cortes Nacional y Provinciales 15 días
- Funcionamiento normal sólo de las Unidades de Flagrancia
- Continúe el trabajo de jueces y Cortes por vía telemática. Que resuelvan casos pendientes
- Suspensión de plazos
@ColAbgPichincha
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Gamavisión fue disuelta, entre otras cosas, por no entregar por 2016 informe sobre los precios de transacciones con personas relacionadas, y no justificar saldos de cuentas por cobrar a clientes, no facturadas (inocultable perfume a negocios chuecos, entre “privados”).
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No puede haber reserva alguna sobre las obligaciones tributarias, de quienes aspiran a alcanzar altos cargos públicos. Mi columna sobre la reforma que de agache se intenta pasar para colar semejante secretismo.
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Pasa de agache en proyecto “urgente” intolerable secretismo sobre obligaciones tributarias. Art. 6 pone manto de “reserva” sobre “declaraciones, información, datos, informes y antecedentes tributarios”. Se cohonesta corrupción de quienes aspiran a acceder a altos cargos públicos.
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Mi columna sobre el enésimo finteo anticorrupción del Ejecutivo. Que lo archiven nomás.
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Pista al fiscal encargado, ladeada por Chiriboga y Baca, sobre Odebrecht: a Antigua y Barbuda puede pedir información, aún no solicitada. Desde ahí Klienfeld Services (la pantalla que sobornó a Alecksey Mosquera), manejaba fondos en Antigua Overseas Bank y Meinl Bank Antigua.
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Jueza de primer nivel se negó a analizar la violación de mis derechos. Sin embargo ha quedado claro que la Fiscalía no ha podido siquiera sugerir que yo hubiese sobornado a alguien. Apelé la resolución de la jueza y seguiré en esta lucha, que representa a muchos más que yo.
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Un contrato obtenido con sobornos es nulo por objeto ilícito. Para anularlo no hay que esperar sentencias penales. El juez (o tribunal arbitral) del contrato es autónomo para valorar pruebas a efectos de declarar nulidad. Mi columna
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Mi columna sobre el globo de ensayo del Consejo de Participación, abriendo la puerta para poder “dejar sin efecto” todos los nombramientos del Transitorio. La Corte Constitucional puede, y debe, poner coto. Y destituirlos también.
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Por cada dólar que llegue a pagar Chevron por corrupta sentencia amazónica, Estado (todos nosotros) debe devolverle igual cantidad. La rueda no puede pararse ahí. Hay que repetir, contra el “juez” Zambrano -preso debiera estar- y contra todos los jueces que confirmaron el fallo.
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Que no tener los votos para ratificar texto original de proyecto de ley equivale a “aceptar” nuevo texto propuesto en veto presidencial, dice con soberbia e invencible ignorancia la Asamblea. Mi columna sobre eso.
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CNJ quiere meterse con honorarios, hasta impidiendo que en ciertos casos se pacten por resultados, pese a que es derecho de abogados “Concertar libremente sus honorarios” (COFJ, 331, 2).
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Mi columna sobre el proyecto con el que desde la bancada correísta se intenta legislar a favor de la banca
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Asambleísta Patricio Donoso presentó proyecto de reforma legal para levantar reserva, declarada por superintendente de Bancos, sobre estudios actuariales del IESS. No es necesario, pues no hay ley que permita semejante barbaridad. Basta destituirlo.
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El juez Tito y su alquimia: condena a que la CFN pague daños “patrimoniales” a un proveedor de servicios de vigilancia por USD 20 millones, por causa de una deuda que estuvo impaga por USD 700 mil. Mi columna sobre eso.
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Dictamen 003-19-DOP-CC, del 14/3/2019, C. Constitucional: no es inconstitucional eliminar consulta obligatoria de sentencias contra Estado. Tampoco que juicios en que Estado demanda sean declarados en abandono. Claro el mensaje: no puede haber superioridad procesal del Estado.
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Eliminar las auditorías internas a las empresas públicas propone el Ejecutivo. Y que sus contratos (por regla general) no estén sometidos a la Ley de Contratación Pública. Linda forma de evitar la corrupción. Mi columna
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Covid-19 implosionará doctrinas legales como la fuerza mayor. Se generalizarán conflictos sobre quién asume riesgos empresariales. Se va a requerir flexibilidad y creatividad para afrontarlos. Mi columna.
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Que la Superbancos se entremeta calificando quién puede patrocinar juicios de cobranza es clarísimo fomento a corrupción. Mi columna.
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Perdieron sedes, banderas, etc. Pero (todavía) tienen guardada la plata robada. Ladrones.
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Si el Estado quiere pagar con bonos, tiene que recibirlos de vuelta -por ley- para que le paguen impuestos. No es dádiva de ningún burócrata. Mi columna sobre eso.
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Obligar a mediar como “requisito” para iniciar proceso judicial es aberrante. Creará cuellos de botella y hará a la mediación mero formulismo. Centros de mediación serios deben oponerse al proyecto del asambleísta Albornoz: desprestigia a la mediación real.
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Informe (1er debate) metió a proy. “humanitario” “reprogramamiento” de toda deuda bancaria “en hasta 6 meses” (art. 17). Bastaría declarar estar “impedido de efectuar actividades”. Ese dinero no es de banqueros, es de depositantes. ¿Van también a “reprogramar” depósitos?
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La paradoja del juez Quimís, de Montecristi: ya por vivaracho, ya por insolente, abrió la puerta para una respuesta contundente y ejemplarizante de la Constitucional, que ponga coto a similares actuaciones de sínfin de jueces rábulas. Mi columna sobre eso.
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Nueva ocurrencia del as. Pereira: propone prohibir que entre socios se transfiera intereses (acciones o participaciones) en una compañía. Semejante adefesio. Mi columna sobre eso.
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El paisito, hoy: “Songo le dio a borondongo
borondongo le dio a bernabé
bernabé le pegó a muchilanga le echó a burundanga
les hinchan los pies”
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Ya empezaron los intentos por tirar abajo el blindaje legal que impide a jueces de bolsillo meter sus garras en los depósitos públicos. Mi columna sobre eso.
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A propósito de los 300 millones que el Ministro de Finanzas admite haber usado, de los fondos destinados a la reconstrucción por el terremoto, recuerdo lo dicho ya en julio de 2016
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Fiscalía:Rivera "habría recibido de Odebrecht S.A. 1% de todo
contrato en el Ecuador aprovechándose con el parentesco de altos
funcionarios"
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El ingreso a la Alianza del Pacífico ha estado trabado por el supuesto impedimento de Ecuador, para acordar que controversias con inversores sean arbitradas. No hay tal restricción en verdad. El art. 422 de la Constitución dice otra cosa. Mi columna sobre eso.
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Por más piruetas que se haga, pagar cuentas atrasadas a proveedores no cumple la finalidad de la Ley Solidaria.
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No hay pirueta verbal que excuse la malversación "temporal" del ministro de Finanzas a lo recaudado por la Ley de Solidaridad. La falta no se borra con la devolución, como no se borra un robo con la devolución de lo robado.
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Decisión del incompetente CAL (que el proyecto para defensa de dolarización no puede ser tramitado porque tiene propuestas dizque inconstitucionales) no suspende los 30 días que pleno de Asamblea tiene para aprobarlo, modificarlo o negarlo, por ser proyecto urgente. Mi columna
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Proyecto de extinción de dominio, a más de incautar activos corruptos (muy bien), quiere caer sobre activos de compañías de países con menor tarifa impositiva, si beneficiario no “acredita motivos económicos válidos”. Esa babosada invierte carga de la prueba, es inconstitucional.
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No se puede abrir un proceso penal a un ciudadano sin explicar los hechos que se le imputan. No solo se trata de mí. Todos los ciudadanos tienen el derecho a la defensa y para esto es básico que tengan claro de qué deben defenderse.
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Es gravísimo que el liquidador de Ecuagran, nombrado por el superintendente de Compañías, diga que este recibía “órdenes” de los interesados en el fraude de las facturas truchas. O injuria a Anchundia o este, a más de ser destituido, debiera estar preso. Mi columna.
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Hoy la justicia constitucional tiene la posibilidad de frenar el abuso de la Fiscalía, que me ha formulado cargos sin explicación, lo que me deja en indefensión y sienta un precedente de criminalización de la abogacía.
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Los cachiporreros anti-Ciadi no quieren entender que ser parte de este ni implica por sì mismo “atribuir competencia” alguna a nadie ni obliga a arbitrar nada. No se requiere entonces aprobación legislativa para su ratificación. Mi columna.
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Asambleístas metepatas arrepentidos (Pabel Muñoz y Cia.) presentan proyecto para “interpretar” que ley que aprobaron en diciembre –eliminando beneficios tributarios a alianzas público-privadas- no es retroactiva. Muy tarde. Fama de Estado tramposo ya está dada.
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Supercom v. Teleamazonas: Pretender replicar lo dicho en programa de opinión enviando videíto es querer pasarse de listo. La replica es en el mismo "programa" (Ley de Comunicación, art. 24). Debe hacerse con otra entrevista. No con publirreportaje.
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Junta Monetaria prohibió que se negocie en bolsa facturas si emisor y aceptante están vinculados. Eso está muy bien para evitar fraudes como los de Delcorp, que vendía millonarias facturas por ventas truchas a filiales. Pero se le fue la mano a la Junta en dos temas. Mi columna.
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El juicio político al procurador del Estado le endilga burdamente “culpas” ajenas. Para comprobarlo basta ver las fechas. Mi columna sobre eso.
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Mi columna sobre el (buen) proyecto de ley de la asambleísta Johanna Moreira (El Oro, ID), en el que propone que las “garantías jurisdiccionales” -como la acción de protección- sean conocidas por jueces de dedicación exclusiva a esas materias.
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Ejecutivo propone -en lugar de reforzar- liberar de las reglas de contratación pública a las empresas públicas, para que contraten como si fuesen “privadas”. Como que no hubiese sido suficiente la rampante corrupción reciente. Francamente es ofensiva la propuesta. Mi columna
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Hace año y pico, legislador dijo que obligar a los abogados a reportar operaciones de sus clientes a la UAFE viola sigilo profesional. Por eso, negó reforma legal que pretendía ese adefesio. Ahora la UAFE lo quiere hacer con mera resolución. Mi columna:
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Resulta que ahora el habeas data es usado para “recuperar” inmuebles registrados a nombre de terceros hace casi 40 años (sin citarlos al juicio obviamente). El caso está ya en la Constitucional. Hay que frenar estos atropellos. Mi columna sobre eso.
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Consejo de Participación pidió renuncia a Consejo de Judicatura encargado. No con esas palabras, pero le impide usar facultades del art. 181, 3º, de la Constitución (nombrar jueces o fiscales, ascenderlos o sancionarlos). Más claro no canta el gallo. Es obvia la desconfianza.
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Estimada Paola:
Soy amigo de tu padre. Nunca escribo en redes, salvo cuando comparto mi columna en Expreso. Pero hoy he decidido hacerlo. Y lo hago para decirte que eres valiente, y que tus decisiones no deben depender de la opinión de nadie. Un cordial saludo, hasta siempre.
Este es el tipo de mensajes que recibo. Muy “Provida” ¿no?
En un evento social, a mi mamá se le acercó una conocida y le sugirió “cuando tu hija se atora, es un designio de Dios. Si lo que tu hija quiere es morir, entonces ¿por qué le ayudan? Mejor pónle una almohada en la
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La C. Constitucional zanjó el tema: estar en el Ciadi no “atribuye” automáticamente competencias a nadie ni obliga a arbitrar nada, por lo que no se requiere anuencia legislativa para ingresar. Mi columna sobre eso (y sobre el intento de boicot de un intruso charlatán)
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Reforma a Ley Comunicación quiere mantener prohibición para importar piezas publicitarias, agregando dos perlas: compañías ecuatorianas ya no pudieran producirlas; pero sí las extranjeras, en el extranjero, si tienen mayoría accionaria de ecuatorianos. Inocultable perfume a dolo.
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En 2014 el COIP eliminó “convenientemente” el prevaricato de funcionarios (salvo el de jueces), pretendiendo blindar el pisoteo a los derechos ciudadanos. Hay que regresarlo. Mi columna sobre eso.
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Bien desfachatado el exministro Mosquera, condenado por recibir coimas de Odebrecht, con sus “disculpas” de como quien no quiere la cosa. Mi columna.
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Todos los atracadores conceptos de la Ley de Plusvalía deben quedar derogados por el mandato popular. No caben aquí argucias disfrazadas de propuestas alternativas. No se quieran pasar de listos. Mi columna.
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Para vender el Banco del Pacífico hay que abrir la puerta -hoy cerrada por una absurda reforma constitucional de 2011- a gigantes económicos regionales que tienen otras inversiones, no bancarias, en el país. Esos pueden ser los principales interesados. Mi columna.
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No sé por qué me acabo de acordar de esto. Ahí les dejo el no aprobado intento, de febrero 2017, de quitar incentivos a las delaciones.
Un intolerable proyecto de ley que desincentiva delaciones en caso Odebrecht. Mi columna de hoy.
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Asambleísta Tito Puanchir (Pachakutik), presentó proyecto para que abogados se "beneficien" dejando de patrocinar, sin sanción, a clientes morosos (luego de 6 meses). Hoy la relación puede cesar de inmediato por falta de pago (Código Civil art. 2063). No me ayudes compadre.
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Mi columna sobre el proyecto de ley que pretende eliminar la prescripción de 3 años para reclamos en materia laboral
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El juez constitucional Ávila Santamaría, en reciente fallo, dio buen tirón de orejas a abogados del Estado. Lo refiero en mi columna de hoy.
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Calma chicha de Carondelet en veto a ley “humanitaria” hace ver que esta de “urgente” solo tiene apodo. Y luego restan 30 días de Asamblea para analizar veto. No parece haber plan para “acuerdos cooperativos” que mantengan empresas y empleo. Salvo que “plan” sea que no lo haya.
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Deuda: bloqueando a Contraloría bloquean juicio por peculado, si hubo desvío de fondos: se requiere informe previo de aquella. ¡Vivísimos!
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Corte Constitucional frena insolencia de fingir motivar decisiones simplemente copiando artículos inconexos de leyes, que sólo engrosan el documento pero no explican su pertinencia para resolver el caso. Mi columna.
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Mi columna sobre cómo los sobornos a privados afectan a la competencia. Sanción es 10 % de ingresos deL infractor.
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Proyecto de Ejecutivo quiere cobrar a todos los socios, incluso sin que haya fraude, deudas tributarias de compañías (art. 4, 1, b). Olvida que hay minoritarios, incluso hostiles, que no administran. ¡Linda manera de atraer inversión!
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Los “lineamientos de probidad y capacidad civil” para administradores de compañías recién dictados por SuperCias. no previenen para nada lavado de activos, como se intenta hacer con ficción de estrictez regulatoria. Mi columna sobre eso.
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